POR ARIEL VILCHIS
No debemos, como sociedad, quitar el dedo del renglón en un tema que nos preocupa y nos debe ocupar: la amenaza latente de la incursión de minería tóxica en nuestro estado es real y los grandes capitales insisten en el saqueo de nuestras tierras sin importar la destrucción de los recursos naturales de nuestro estado.
Apenas la semana pasada la SEMARNAT llevó a cabo una consulta pública del proyecto minero La Pitalla, que pretende explotar oro y plata en la zona de los poblados de San Antonio y El Triunfo del municipio de La Paz. Mina a cielo abierto que utilizaría en su método de extracción cianuro, lo que pondría en gran peligro la salud de los habitantes de la zona y por supuesto el grave riesgo de la contaminación del agua.
Si bien es cierto que un grupo de supuestos habitantes de la zona se manifestaron a favor de la aprobación del proyecto minero por una cuestión meramente económica, por la falta de empleo y de oportunidades de desarrollo de la zona, los argumentos no son suficientes para poner en riesgo la vida con la inminente depredación de los recursos naturales si se aprobara dicho proyecto.
El gobierno del estado, en voz del gobernador Carlos Mendoza Davis, tajantemente ha expresado su rechazo a la implementación de minería tóxica en BCS. En el caso concreto del proyecto minero La Pitalla, el ejecutivo estatal ha señalado que la opinión técnica es que el proyecto es No Viable por no garantizar el derecho humano al agua limpia de las comunidades donde pretende instalarse. Por su parte, los alcaldes de Los Cabos y La Paz, Armida Castro y Rubén Muñoz, también han manifestado su rechazo a proyectos mineros.
Incluso en su más reciente visita el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo, No a la minería en BCS y sin embargo eso no es suficiente. Mientras no se blinde con leyes, mientras no se legisle en materia minera, equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente siempre estará latente el peligro de que entre alguna empresa minera a la entidad.
De tal suerte que el tema de la minería tóxica está en manos de los senadores y diputados federales, donde en ambas cámaras tiene mayoría el partido que gobierna el país, MORENA. Es momento de que nuestros legisladores federales se pongan las pilas y saquen adelante las leyes y los reglamentos que protejan a Baja California Sur de la depredación de los recursos naturales por la ambición de intereses económicos mineros.
La senadora Lupita Saldaña ha puesto de su parte al presentar iniciativas para reformar y adicionar disposiciones a la ley minera que hasta el momento se han quedado en comisiones frenadas en el senado, donde vale la pena recordar que también ocupa una curul el líder minero Napoleón Gómez Urrutia. Esperemos que nuestros legisladores unan esfuerzos como lo ha mencionado el senador Ricardo Velázquez y que no se quede en mero discurso, como es el caso del líder de morena en BCS Alberto Rentería que insiste en enviar escuetos boletines de prensa diciendo que no están a favor de la minería pero, en la forma que es fondo, realmente no hace nada por frenar la entrada de la minería tóxica. Es mi opinión, al tiempo…
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Entre Líneas.
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