La Contraloría General Municipal hizo un llamado a todos los servidores públicos del XII Ayuntamiento de Los Cabos a tomar las medidas pertinentes y tener cuidado de respetar en su totalidad las disposiciones que establece la ley electoral, a fin de evitar incurrir en sanciones que pongan en riesgo a la administración pública.
Dejó claro que, vigilarán el uso adecuado de los recursos públicos, tomando en cuenta que los gobiernos deben mantenerse ajenos a cualquier acto político que genere la desconfianza de la ciudadanía sobre sus servidores públicos.
Asimismo, el contralor general municipal dijo que los funcionarios que tengan la intención de participar y no sean cargos de elección popular, ya sea directores o personal administrativo, deberán expedir su licencia para retirarse y poder contender, y de esta forma no incurrir en una falta de acuerdo a la ley electoral.
Sobre los servidores públicos que están fungiendo como electos, ya sea regidores, presidentes municipales o diputados, estos tendrían que decidir sí renunciar o solicitar un permiso, ya que hubo una modificación en la ley electoral, en la que específica que es opcional del propio funcionario que fue electo, sí desea separarse de su cargo.
Sin embargo, el contralor del Gobierno de Los Cabos, aseguró que la ciudadanía ve con buenos ojos en materia de transparencia, el que la misma persona que contienda no tenga un cargo de elección popular.
Ante el desarrollo de los procesos electorales, hizo un llamado a todos los servidores del Gobierno Municipal, para evitar hacer proselitismo en horarios laborales, ya que podrían incidir en actas administrativas o descuentos. Insistió que, de acudir a algún mitin político, no deberá ser en horas de trabajo, nunca ir en vehículos oficiales, ni portando los uniformes de la administración.
La Contraloría General Municipal, recordó que será el Instituto Estatal Electoral y el propio INE, los encargados de supervisar el cumplimiento de los acuerdos marcados en la ley electoral; sin embargo, la Contraloría será vigilante de garantizar dentro de la Administración Pública, la confianza de la ciudadanía, siempre apegado a derecho de ambas partes.
