POR ARIEL VILCHIS
El incuestionable triunfo electoral obtenido en las urnas por Andrés Manuel López Obrador lo colocan ante un alto bono democrático y moral para que, al inicio de su administración en diciembre próximo, ejecute los cambios suficientes y necesarios para llevar a cabo la transformación que ha prometido a millones de mexicanos, quienes tienen puestas en él sus esperanzas de un mejor país.
Tal como lo hiciera en campaña, el ahora presidente electo marca la agenda pública y ya se ha reunido con quienes lo acompañarán en su gabinete y también con quienes fueron electos para ocupar espacios en el congreso de la unión, para delinear el plan de acción del nuevo gobierno.
A unos meses de tomar protesta como el primer mandatario de la nación, López obrador, va diseñando sus rutas de acción y lo que fueron promesas de campaña ahora se visualizan como futuras políticas públicas y reformas en diversos temas entre los que destacan el combate a la corrupción y su plan de austeridad de la mano de una profunda reestructuración administrativa del aparato gubernamental, por citar algunas.
Andrés Manuel López Obrador, líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional, le apostará a adelgazar la grotesca y grosera carga de la alta burocracia que actualmente asfixia a la nación, como una medida de ahorro para sus programas sociales prometidos en campaña. Pero más allá de eso, por una necesidad imperiosa de poner orden en un rubro que en los últimos años y administraciones se convirtió en un insulto a los mexicanos, debido a los altos sueldos de los funcionarios federales, aunque esto último no es exclusivo del gobierno federal y sin duda se da en las esferas estatales y municipales.
De ahí que reducir salarios y compactar secretarias no suene descabellado y quienes lo han cuestionado son precisamente quienes ahora gozan de los privilegios de la elite burocrática, aquellos funcionarios públicos que disfrutan de las remuneraciones más elevadas mientras que la mayoría de los mexicanos no cuentan con lo mínimo necesario.
Por tal motivo, sustituir las delegaciones federales por una coordinación estatal de programas sociales toma sentido al revisar las remuneraciones de algunos funcionarios federales. En Baja California Sur ejemplos sobran pero basta con mencionar las representaciones de EDUCACIÓN, SEMARNAT o ISSSTE cuyos honorarios oscilan los cien mil pesos mensuales por cada delegado federal sin contar viáticos, gastos administrativos y demás beneficios personales. ¿Así como no sacrificarse por la nación?
A dicha Coordinación Estatal de Programas Sociales en la entidad llegaría el senador electo Víctor Castro Cosío; antes de que eso ocurra, el ex alcalde de La Paz y ex diputado federal rendirá protesta y ocupará una curul en el senado de la república, para darle cauce a las reformas propuestas por el próximo mandatario y una vez realizadas, dada la confianza y lealtad que le ha brindado, Castro Cosío dejaría su responsabilidad en la cámara alta para asumir el cargo que sustituirá a los múltiples delegados de las dependencias federales. Lo que sin duda pondrá al virtual senador electo en una posición de peso, primeramente administrativa por lo que representa el buen manejo del presupuesto de programas federales en las entidades y en un segundo plano peso político que lo pondrá en los reflectores de futuras aspiraciones.
La tarea parece titánica, sin embargo la inobjetable legitimidad del próximo presidente de México Andrés Manuel López Obrador le da para realizar sin contratiempos los cambios necesarios para combatir la corrupción y llegar a la austeridad republicana que ha prometido, donde la máxima debe ser servir al pueblo y no servirse de él. De medidas centralistas, el pacto federal y democracia ya hablaremos. Es mi opinión, al tiempo…
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